La inmigración irregular es uno de los principales problemas que afronta Estados Unidos y que, inclusive, llevó a que el presidente Joe Biden anunciara una nueva medida, la víspera, que prevé el endurecimiento de los requisitos en la frontera sur para intentar contener a los miles de solicitantes de asilo. Sin embargo, estos esfuerzos de Washington se ven amenazados por el accionar de sus rivales regionales, que buscan y buscarán la manera de frustrar sus planes y perjudicarlo, como es el caso de Nicaragua.
El binomio Daniel Ortega – Rosario Murillo montó tiempo atrás un sistema que le permite atentar contra el “país imperialista” y, a su vez, hacerse con una ganancia con la que continúa alimentando su gestión, convirtiéndose -incluso- en uno de los actores clave en la agudización de la crisis inmigratoria, expuso una investigación de Confidencial.
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Cada año, miles de ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela, Aruba, República Dominicana, países en conflicto en Europa del Este, Asia y hasta África se embarcan en vuelos chárter, contratados especialmente por el régimen, para volar hasta Managua. Se estima que el último año llegaron unas 300.000 personas a través del aeropuerto Augusto C. Sandino, mientras que otros 150.000 lo hicieron por vía terrestre, por la frontera con Costa Rica.
De ellas, dos tercios son de la región mientras que el restante proviene de terceros países.
En octubre del pasado año, por ejemplo, se identificaron 36 vuelos procedentes desde Puerto Príncipe, Haití, en sólo tres días, algo que no se condice ni con la situación económica del país ni con los registros del portal FlightAware, que expusieron que no existían servicios frecuentes de las aerolíneas en esta ruta.
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Todas estas personas ingresan a Nicaragua con ayuda del régimen, que cobra a cada uno un “derecho de pase” de USD 150 dólares y los habilita a permanecer en el país hasta 96 horas, es decir, cuatro días. Todo este proceso se realiza procurando no sellar los pasaportes ni otorgar un recibo por este pago, en un intento por borrar los rastros de la mediación de Nicaragua.
Durante su paso, el régimen facilita taxis, hoteles y otros servicios necesarios para asegurarse de que todos los viajeros se dirijan hasta el norte del país por tierra y, desde allí, inicien su travesía hasta Estados Unidos, donde se sumarán al resto de personas que confluyen en los puestos de control.
Gracias a estas maniobras, cientos de miles de personas que carecen de los recursos para llegar hasta el límite en México pueden igualmente huir de sus países y probar su suerte en la frontera, a cambio de un pago no tan elevado y sin la necesidad de tramitar visas, como sí ocurre si se quiere transitar por Panamá o el propio México, por ejemplo. En tanto, se estima que por estas maniobras, el régimen se habría hecho de por lo menos USD 65,9 millones de dólares, a la par que permitió que negocios ilícitos y de contrabando continúen creciendo.
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Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, condenó este uso de la migración como arma de política exterior y sostuvo que “nadie debería beneficiarse de la desesperación de los migrantes vulnerables… ni los contrabandistas, ni las empresas privadas, ni funcionarios públicos, ni los gobiernos”. “Las acciones del Gobierno de Nicaragua son de gran preocupación… (se trata de) políticas migratorias permisivas por diseño que se han introducido en oportunidades para que las redes de tráfico y tráfico de migrantes exploten a los migrantes con fines de lucro”, agregó.
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A raíz de ello, el Departamento de Estado impulsa a menudo sanciones contra actores implicados en estas tramas, como funcionarios nicaragüenses y directivos de las aerolíneas.
Entre estas compañías que prestan sus servicios al régimen y que ya se encuentran bajo el efecto de estas penas se encontraron las dominicanas Sky High AviationServices, que cuenta con rutas a islas del Caribe, Aruba, La Habana y Santiago de Cuba, y Sunrise Airways, con frecuencias muy similares.
También está Air Century, con base en el mismo país, que además de volar por el Caribe ofrece el alquiler de jets ejecutivos y servicio de paquetería.
En los registros quedó expuesta, a su vez, Servicios Aéreos Panamericanos(Sarpa), con sede en Colombia, que basa su operación en el servicio de ambulancias aéreas y vuelos chárter, como en este caso, y Servicio Aéreo de Capurgana, que ofrece también frecuencias privadas dentro del país o en la región.
EuroAtlantic Airways, en tanto, es una empresa de vuelos comerciales y chárter de carga y pasajeros con sede en Portugal, que opera en prácticamente todos los continentes, y sería una de las encargadas de acercar a los migrantes de, por ejemplo, Kazajistán.
Todas estas compañías fueron señaladas de “facilitar la migración irregular” y se las instó a colaborar para reducir estas prácticas por medio de la identificación de los segmentos de vuelos asociados con estas redes, el envío de información de los pasajeros y la revisión de sus documentos, aunque la mayoría de ellas ha hecho caso omiso a las solicitudes y continuado con sus negocios con Nicaragua.
Es por ello que, en el anuncio de la víspera de la Administración Biden, Eric Jacobstein, subsecretario de Estado Adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, sostuvo que “tenemos mucha preocupación por el ambiente permisivo que crea Nicaragua y vamos a seguir con medidas, tanto contra el régimen como contra las aerolíneas que forman parte de estas redes”, para poner fin a este negocio lucrativo que busca sacar un beneficio de los más vulnerables.
