El bloque de oposición en el Congreso de Chile asestó un duro golpe político a la administración de izquierda de Gabriel Boric al ingresar formalmente una Acusación Constitucional (AC) contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. El libelo acusatorio, promovido inicialmente por las bancadas del Partido Nacional Libertario (PNL), imputa a la exautoridad gubernamental presuntas irregularidades administrativas y graves "errores financieros" que desestabilizaron la conducción económica del país.
La ofensiva judicial sumó de inmediato el respaldo político del Partido Republicano (PR), Renovación Nacional (RN), el Partido de la Gente (PDG) y el Partido Social Cristiano (PSC), configurando una mayoría transversal en la Cámara de Diputados que busca exigir responsabilidades penales e institucionales por el manejo discrecional de las arcas públicas del Estado.
El expediente acusatorio se desglosa en varios capítulos que evidencian una sistemática vulneración del principio de probidad administrativa que rige el comportamiento de los altos funcionarios de la República. Entre los cargos más graves se denuncian inconsistencias y omisiones deliberadas en los informes financieros del Ejecutivo, detectándose diferencias y proyecciones erróneas sobre el déficit fiscal efectivo y la deuda pública por un monto estimado en más de 10.500 millones de dólares.
Asimismo, los parlamentarios acusan a la exautoridad de incumplir flagrantemente las metas de balance estructural del país al ocultar compromisos de gasto vigentes dentro del Presupuesto nacional, como los reajustes obligatorios del sector público, engañando a los organismos de control financiero.
La solidez técnica del libelo acusatorio obligó al exministro Grau a estructurar de emergencia su equipo legal, designando al abogado constitucionalista Patricio Zapata para asumir su representación ante los comités parlamentarios. Conforme a las normativas de la legislación chilena, el documento ingresado deberá ser visado en primera instancia por una comisión revisora compuesta por cinco diputados insaculados, tras lo cual el acusado será notificado de manera formal para presentar sus descargos.
El diputado libertario Cristóbal Urruticoechea ratificó con firmeza que el bloque opositor cuenta con los sufragios necesarios para declarar admisible la acusación en la Cámara Baja, formulando un llamado enérgico a los miembros del Senado para que abandonen la prudencia y actúen con severidad ante el daño patrimonial infligido.
A la contraofensiva de fiscalización se sumó formalmente la Unión Demócrata Independiente (UDI), cuyo presidente, el diputado Guillermo Ramírez, confirmó que su colectividad adoptó la decisión unánime de respaldar el juicio político en todas sus instancias legislativas. El respaldo de la centroderecha chilena garantiza el desafuero y el avance del libelo hacia la Cámara Alta, la cual deberá actuar como jurado definitivo para resolver la inhabilitación perpetua del exministro para ejercer cargos públicos.
Con el ingreso del documento en la mesa directiva del Congreso en Santiago de Chile, la oposición consolida su rol de contrapeso institucional frente a los fracasos económicos del modelo estatista de Gabriel Boric. El avance de esta Acusación Constitucional a lo largo del año 2026 marca un precedente fundamental en el Cono Sur respecto a la responsabilidad fiscal irrenunciable que deben asumir los ministros de Estado.
(Con información de Infobae)
