En un movimiento sin precedentes, Ivonne Núñez, ministra de Trabajo de Ecuador, ha presentado una denuncia por traición a la patria contra el expresidente Rafael Correa. Esta acción, interpuesta a título personal ante la Fiscalía General del Estado en Quito, se basa en las controvertidas declaraciones de Correa relacionadas con un incidente diplomático entre Ecuador y México. En este incidente, las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glas, exvicepresidente y figura prominente del correísmo, quien se encontraba asilado allí tras ser condenado por corrupción.
Según la querella, las declaraciones de Correa, distribuidas a través de enlaces en YouTube, no solo habrían calumniado falsamente, sino que también habrían creado un ambiente de pánico y temor de guerra entre la población ecuatoriana, con posibles repercusiones económicas debido a sanciones internacionales. La ministra Núñez argumenta que estas expresiones encajan en el delito de traición a la patria, conforme al artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, y ha solicitado el bloqueo de las cuentas de Correa en redes sociales y una pericia de las declaraciones online del expresidente.
La denuncia surge en un contexto de alta tensión y violencia en Ecuador, exacerbada por conflictos con el crimen organizado y el narcotráfico, situación que el gobierno actual ha intentado manejar mediante medidas severas, incluyendo la declaración de un conflicto armado interno. En medio de este escenario, la acusación a Correa introduce una nueva capa de complejidad a la política interna ecuatoriana, rememorando la polarización durante su mandato y sus consecuencias en la actualidad. Este caso, que ahora espera la evaluación y respuesta de la Fiscalía, promete seguir generando debate tanto a nivel nacional como internacional, sobre la legitimidad y las implicaciones de tales acusaciones en un ex mandatario.
